Opinión


Consulta millonaria

Consulta millonaria | La Crónica de Hoy

Aléjese de los palacios el que quiera ser justo.

La virtud y el poder no se hermanan bien.

Lucano

 

La consulta popular es un mecanismo directo de participación ciudadana mediante el que se manifiesta la aprobación o rechazo de una o varias propuestas sobre temas de interés público. Se requiere de un 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, para que el resultado sea vinculante, o sea, obligatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo Federales y otras autoridades competentes.

El pasado 15 de septiembre de 2020, el titular de Ejecutivo Federal, presentó una solicitud de consulta popular ante la Cámara de Senadores, sobre el enjuiciamiento de los ex presidentes de México en la que se formuló la pregunta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reformuló la pregunta original para que no fuese inquisitoria, ni contuviera juicios de valor, pero al hacerlo dejó esta bella oda al romanticismo político: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?  ¿Se imagina usted lo que se necesita para esclarecer todas las decisiones políticas de los años pasados? Empecemos por la paciencia.

Aunque en la exposición de motivos de la carta que suscribió el Presidente de México, no se precisaron los delitos por los cuales pretende enjuiciar a los cinco expresidentes, habida cuenta de la cruzada anticorrupción galopante a través de la palabra, suponemos que el interés presidencial se gesta por la sospecha y el deseo de castigar delitos vinculados con hechos de corrupción.

Desde un punto de vista jurídico-penal, hay que decir enfáticamente que, si la justicia en general no está y no debe estar nunca supeditada a una consulta de ninguna especie, la investigación y eventual sanción de delitos mucho menos.

Para que las Fiscalías locales o Federal inicien la investigación de un hecho probablemente constitutivo de un delito, no se requiere de la aprobación de la ciudadanía. La apertura de carpetas de investigación es una obligación inherente a las Fiscalías que, en el caso particular, al tratarse de delitos relacionados con hechos de corrupción, pueden actuar oficiosamente, es decir, sin necesidad de que nadie denuncie, basta con que cuenten con elementos que hagan probable la comisión de un delito para que puedan proceder.

De hecho, si alguna autoridad tiene conocimiento de la comisión de delitos y no ha hecho nada, lamento informarle que ella misma está incurriendo en responsabilidad. A mojar las barbas.

Para coronar el asunto, la dichosa consulta representará un gasto de más de 500 millones de pesos. Si los hechos de corrupción están tan vinculados al dispendio de recursos públicos o a su uso ilegal, francamente no veo la diferencia en disponer de esa suma millonaria para un capricho, cuando podrían ser tan bien invertidos, por ejemplo, para el abasto de medicinas.

La buena administración pública es también un derecho ciudadano que ahora se pierde en la nubosidad del discurso oficial ambiguo. En un rato, quizás, seremos víctimas de otra consulta para consultar al pueblo si están de acuerdo o no con las consultas y en esos andares dilapidar los recursos económicos que, por lo visto, sobran.

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