Opinión


Modelo óptimo de policías (2)

Modelo óptimo de policías (2) | La Crónica de Hoy

La verdadera seguridad se halla más bien en la

solidaridad que en el esfuerzo individual aislado.

Dostoyevski

 

Hace ocho días compartía con ustedes algunos aspectos que me parecieron interesantes en los retos por atender para hacer de nuestras policías preventivas un cuerpo de protección ciudadano realmente efectivo.

Nos quedamos en que otro de los renglones indispensables para la optimización policial era nada menos que su formación, actualización y evaluación.

Tema por demás relevante. Nada más para aquilatar esta cuestión, podemos traer a colación una crítica que en este y muchos otros espacios seguramente habrá visto: me refiero a la masiva incorporación y ahora pretendida dirección de las fuerzas armadas (Guardia Nacional) en tareas de seguridad pública ciudadana.

Esa crítica surge de la experiencia obtenida, entre otras fuentes, de las más de 12 mil quejas presentadas ante la CNDH contra la Secretaría de la Defensa Nacional, en el periodo 2000-2018. por violaciones a derechos humanos. Ya con la Guardia Nacional el escenario no es muy diverso.

Durante 2020 se presentaron 709 quejas, 359 contra la Sedena y 350 contra la GN y, en el periodo enero-junio de 2021, se suman 463 quejas: 241 contra la GN y 222 contra la Sedena. Todas, en mayor o menor grado, por quienes están adiestrados con una perspectiva completamente diferente, para alcanzar la paz y estabilidad o mantener la soberanía e independencia nacionales, o sea, para defender a la nación de amenazas externas, extranjeras o supranacionales en condiciones de extrema violencia, en el que prevalezca el uso de la fuerza y de las armas para la contención. Objetivo este, distinto al de la seguridad pública o seguridad interior.

Las corporaciones de seguridad ciudadana, en cambio, nacen con material genético diverso, el de la prevención del delito y de la violencia, con la violencia misma como último recurso racional.

Decida usted si la formación y capacitación no serán entonces temas de primera importancia. ¿Quiere ver a militares o a policías en las calles? Bueno, pues el perfil, aptitudes, habilidades, conocimientos y experiencia son el cúmulo de factores que deben verificarse en los guardianes del orden desde su incorporación en tareas de seguridad y ésta no es solamente una ingenua aspiración, como tampoco se encuentra únicamente concebida en el Modelo Óptimo de la Función Policial, sino que se trata de una obligación principal establecida en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para todos los integrantes de las instituciones policiales quienes deben obtener y mantener su Certificado Único Policial (CUP).

La desconfianza ciudadana en nuestras instituciones policiales es un área de oportunidad en la que las estructuras gubernamentales deben incidir con determinación. Para hacerlo es necesario demostrar, con hechos, que las policías son genuinos aliados de la ciudadanía cívica, con vocación de servicio social, con suficientes conocimientos de las normas jurídicas que rijan su actuación, que sepan cuándo y cómo actuar, dirigidos siempre por el faro del irrestricto respeto de todas las personas, de su dignidad y del aura invisible pero inmanente de los derechos humanos. El Certificado aspira, precisamente, a constituirse en una herramienta más para recuperar la confianza ciudadana y cerrar brechas de desencuentro.

¿En dónde estamos en la certificación policial? De los poco más de 130 mil elementos a nivel nacional dedicados a tareas de seguridad pública, hasta diciembre de 2020, 85,861 contaban con el CUP vigente, o sea, el 66% de la planta operativa.

Como en todo, las obligaciones tienen dos caras. La de su cumplimiento y la de la inobservancia que naturalmente arrastra consecuencias. En este caso, el efecto de la falta de certificación es que nadie puede ingresar a las instituciones policiales o, en su caso, permanecer en ellas. Si hay un registro nacional que da cuenta del déficit de certificación policial de los elementos activos, entonces se genera un doble incumplimiento: el de los integrantes no certificados y el de quienes, por acción u omisión, los sostienen.

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